Por Alberto Garrido. Director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín.
La noticia de la aprobación de los nuevos planes de cuenca aprobados por Real Decreto 35/2023 ha quedado en segundo plano, acaparando casi toda la atención de los medios la modificación del Acueducto Tajo – Segura (ATS). El establecimiento de un caudal ecológico en la cuenca del Tajo supondrá la gradual reducción del volumen de agua que anualmente se puede trasvasar a las Cuencas del Segura, Mediterráneas Andaluzas y Guadiana, propiciando declaraciones de los Presidentes Autonómicos de Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y de la Ministra para el Reto Demográfico y la Transición Ecológico, responsable de estas medidas.
Pero, ¿por qué el aumento de los caudales ecológicos del Tajo modificará el funcionamiento del ATS? La regla de explotación de esta infraestructura inaugurada en 1979 fue modificada en julio de 2021, fijando el volumen que se puede trasvasar cada mes (un máximo de 60 millones de m3/mes, que es raramente trasvasado por falta de agua) en función de las condiciones en los dos embalses en la cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía). Mensualmente, se elabora un documento de situación y se fijan los volúmenes a trasvasar. Esas condiciones, a su vez, quedan en parte determinadas por los desembalses que es necesario realizar para satisfacer las demandas en la cuenca del Tajo, lo que incluye los distintos usos socioeconómicos y los caudales mínimos que tienen que circular por el río a su paso por Aranjuez, uno de los más de 40 puntos de control de caudal del Río. Hasta hace poco, ese caudal era de 6 m³/segundo. En el Plan del Tajo recién aprobado se elevó a 7,9 m³/segundo en octubre-diciembre, 10,4 en enero-marzo, 9,1 en abril-junio y 7,2 en julio septiembre. La ministra Ribera ha indicado que en el peor de los escenarios, la reducción máxima del agua del trasvase podría estar entre 70 y 110 hectómetros cúbicos al año mientras que las medidas para compensarla en los próximos años mediante agua desalada, reutilizada y, en su caso, el ahorro en eficiencia de regadíos, garantizará una oferta de como mínimo 140 hectómetros cúbicos, que, según los técnicos del Ministerio, es un volumen superior al agua que se dejaría de poder trasvasar como consecuencia de aplicar de caudal ecológico incluso en las situaciones más extremas.
En las zonas del litoral, la sustitución de aguas del trasvase por aguas desaladas supone un coste al menos cuatro veces superior a la tarifa del trasvase de 0,10 €/m3 para riego y 0,14 para abastecimiento. Por ello, el Gobierno acaba de aprobar los precios regulados que los regantes del Sudeste deberán pagar por los volúmenes disponibles de las diferentes desaladoras, a precios que oscilan entre 0.327€/m3 y 0.475€/m3, en los puntos de entrega para regadío de la red de distribución de la desaladora.
Nuestro país está acostumbrado a que el reparto de agua entre usos y territorios haga inevitable el debate político y que las decisiones, al final, se tomen también con el mismo criterio. Este es también el caso de los caudales ecológicos del Tajo y el ATS, que ha dejado insatisfechos a los sectores ecologistas por considerar que los caudales fijados en el Tajo son insuficientes, lo mismo que los gobiernos de las regiones receptoras del agua del trasvase manifestando su total disconformidad con la decisión tomada por el Gobierno estatal.
En este caso, sin embargo, los datos hidrológicos apuntan a que no es suficiente tener voluntad política para asegurar que haya agua para todos los usos en el interior de España en las próximas décadas. El agua que generan las aportaciones de lluvia y nieve en el interior está disminuyendo. En concreto, en la cuenca alta del Tajo las precipitaciones han disminuido un 13,2% entre el periodo 1940-1979 y el 1980-2018, que se ha traducido en una disminución de las aportaciones de cabecera del 42% (Oliva Cañizares et al 2022). Además, las proyecciones de las consecuencias del cambio climático sobre los caudales de los ríos son ya una realidad, y para el conjunto de España poco halagüeñas, como muestra el cuadro 1.
El sistema de abastecimiento de Madrid tiene opción de utilizar aguas del trasvase cada año y en cualquier momento puede empezar a hacerlo. El río Tajo necesita más agua para mejorar su estado ecológico y cumplir con los objetivos de la Directiva Marco del Agua. Castilla-La Mancha demanda más agua para trasvasar hacia la cuenca del Guadiana (la regla de explotación del ATS reserva hasta 600 hm3/año para el Segura y hasta 50hm3/año para el Guadiana), ya que el acueducto llamado la “Tubería Manchega” está ya en funcionamiento. Y los usuarios del Acueducto Tajo-Segura en la costa tienen unas demandas de agua ya consolidadas y una economía fuertemente basada en la disponibilidad del agua trasvasada. Cada parte tiene sus demandas y sus argumentos, pero la realidad es que hay cada vez menos recursos que repartir y no hay forma de producir agua cuando no la hay y se está lejos de la costa.
En el contexto nacional, y volviendo a los nuevos Planes Hidrológicos, hay dos políticas sectoriales que tienen un efecto clave sobre la disponibilidad de recursos hídricos en cantidad y calidad: nos referimos a la política de regadío y a la política de tratamiento de las aguas residuales. Son clave por su ubicuidad en casi todo el territorio nacional y por el volumen de agua asignado o susceptible de ser regenerado y devuelto a los cauces en condiciones óptimas.
En el cuadro 2 se presenta el porcentaje de usos agrarios en las principales cuencas ibéricas.
Del cuadro se deduce la gran importancia de la agricultura de regadío en España y sugiere que la gestión de las sequías y la escasez es en buena medida la gestión del agua de riego. En las cuencas donde más agua se destina al regadío, los otros usos representan un porcentaje mejor. Ello comporta que, en las cuencas del Ebro, Guadiana, Júcar, Guadalquivir, Duero, Tajo o Segura, los usos urbanos e industriales tienen un importante “colchón” en el agua de riego, ya que el abastecimiento siempre tiene prioridad sobre el regadío. Por ello, aunque la Cuenca del Guadalquivir esté en estos momentos (marzo de 2023) en situación de emergencia por sequía, las reservas garantizan que ningún andaluz se va a quedar sin agua en 2023 y 2024, pero los regantes dispondrán de muy poca agua para regar sus cultivos. En las demás cuencas, todas las litorales, además de tener prioridad sobre el regadío, siempre existirá la desalación como una alternativa, cara pero accesible por el usuario urbano en caso de necesidad. Por tanto, nadie debería sufrir cortes de agua en su hogar ni en las instituciones, oficinas e industrias. Y si eso ocurre en ocasiones es porque se trata de poblaciones pequeñas que sufren los impactos de una sequía o de contaminación local.
A las sombrías proyecciones ligadas al calentamiento global, desde hace décadas sufrimos también las consecuencias del deterioro ambiental de buena parte de las masas de agua españolas, prácticamente todas las que están en los cursos medios y bajos de los ríos. Esto es debido a la fuerte presión que ejercen los distintos usos sobre la cantidad de agua que circula por los ríos y se almacena en los acuíferos, a la insuficiente depuración de las aguas residuales urbanas y a la contaminación del agua que causa el exceso de nutrientes y productos químicos de la agricultura y a la ganadería intensiva, cuyos purines y deyecciones son aplicados en los campos de cultivo como enmiendas orgánicas.
En España, la situación parece mejor que la media europea, aunque el porcentaje aún está lejos del objetivo exigido: en el momento de la evaluación de los segundos planes de cuencas (realizada con carácter general en 2014), el porcentaje de masas de agua superficial en buen estado fue de 55,6%, mientras que el seguimiento realizado en 2020 revela un aumento hasta el 61,3% (MITECO, 2021). Las principales presiones que afectan a los cuerpos de agua superficiales son la degradación hidromorfológica (55%), la contaminación puntual (44%), la contaminación difusa (43%) y la captación de agua (33%) (MITECO, 2018).
Cuadro 3. Masas superficiales de agua en buen estado ecológico (%) en 2020
La ciencia nos aporta luz sobre muchos de estos procesos, lo que permite conocer sus causas y por lo tanto las soluciones. Entre ellas, la importancia de la carga de nutrientes (fósforo y nitrógeno, en sus diferentes compuestos), de materia orgánica o de contaminantes emergentes, la elevación de la temperatura de las aguas debida al calentamiento global o pérdida del bosque de ribera, las alteraciones geomorfológicas — por acciones directas (canalizaciones, defensas, dragados, extracciones) sobre la forma del cauce, fondo y márgenes — y la alteración de los caudales son los principales factores que explican estos resultados.
Es de esperar que las 1803 páginas del Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro aborden con eficacia los retos del agua. Pero la gestión práctica en cada circunstancia será igualmente importante para evitar riesgos y adaptarnos a la variabilidad climática.
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